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Jorge Castañeda G. * I 17/01/18 I

Mundo I

Elecciones en Honduras

 Las elecciones en Honduras a finales de noviembre no representan en sí un gran acontecimiento periodístico. El país es pequeño, pobre, acostumbrado a golpes de estado, manipulación electoral, demandas gubernamentales y a una significativa presencia de Estados Unidos en su vida diaria.

    Invadido una primera vez en 1903 por Estados Unidos, continuó sufriendo incursiones de las tropas americanas hasta 1925. En los 80, se convirtió en socorrida base de aterrizaje durante la guerra de los “contras” en Centroamérica.  Hoy en día funciona como punto importante para el tránsito de la droga de Sudamérica hacia Estados Unidos.



   Elecciones robadas, acusaciones de fraude, represión militar por las calles, mucho más que lo acostumbrado. Entonces, ¿por qué tanto interés por Honduras de parte de medios de prensa y de ministerios de exterior europeos y de América Latina?

   La razón principal, junto con el semi-golpe de suerte que depuso al presidente Manuel Zelaya en el año 2009, es que estas elecciones son la primera prueba del nuevo sistema americano colectivo de defensa a los derechos humanos y a la democracia creado durante la presidencia de Barack Obama.  


    Desde el principio de su presidencia, Obama quiso poner a un lado los años de recriminación entre Estados Unidos y sus vecinos latinoamericanos. La joya de la corona en este esfuerzo, es claramente la normalización de las relaciones con los Castro de Cuba en 2016. Con este obstáculo superado, parece no haber razón para que todos los países del hemisferio puedan ponerse de acuerdo y dejar de ignorar todas las reglas impuestas desde 1948 para defender la democracia y los derechos humanos en la región, independientemente de los beneficios o inconvenientes geopolíticos a corto plazo. 


    Las herramientas legales en cuestión son parte de la Carta de Bogotá de 1948 que creó la Organización de Estados Americanos (OEA). En 1969, el Pacto de San José, la OEA y representantes de diversos países de la región, concibieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su gabinete. El día 11 de septiembre del 2001 fue firmada en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana. Mientras que no todos los países eran parte de esta institución en sus inicios, a través del tiempo muchos de los países en Centro y Sudamérica se han agregado, de manera a veces imperfecta a la defensa de las diferentes causas que les benefician. 




     El quinto instrumento, sin ningún  documento que lo respalde explícitamente, consiste en la práctica de muchos años, de enviar a las Misiones de Observadores Electorales que generalmente constan de ex presidentes o ex primeros ministros de relaciones exteriores, para observar que las elecciones sean en base a los estatutos de la OEA. La primera Misión visitó Costa Rica en 1962.


   Al día de hoy en Honduras, muchas de las instituciones mencionadas al principio de este artículo pueden y deberían ser usadas para legitimar los mecanismos o para desestimarlos drásticamente.


   Las elecciones fueron monitoreadas por las misiones de la OEA y una de la Unión Europea. Cuando en la tarde de la votación, se dejaron de contar los votos repentinamente con solamente el 68% de las casillas contadas y una ventaja de más del 5% a favor del candidato de la oposición, los dos grupos protestaron enérgicamente ante el presidente en turno, Juan Orlando Hernández, alegando fraude.  Por las siguientes dos semanas, las autoridades electorales de Honduras intentaron conciliar las continuas llamadas de los otros candidatos y de las organizaciones internacionales demandando un segundo conteo. Hernández insistió que los resultados del segundo conteo le atribuían el triunfo por más de 1.5%.

   Un incremento estadísticamente improbable de participación de votos para Hernández en áreas rurales lo puso a la cabeza. Recuentos parciales de menos de la tercera parte de los votos emitidos fueron alterados dando resultados insuficientes para derrocar a Hernández. Su victoria fue oficialmente proclamada por las autoridades electorales el 15 de diciembre. 



     La misión de los Estados Unidos declaró que en la comparación del reconteo y los registros de los mismos con la versión computarizada, encontraron que no hubo diferencias considerables como para decretar irregularidades realizadas por el gobierno de Hernández. No declararon los resultados como legales, pero tampoco como ilegales. Inversamente, la misión de la OEA decidió que no podía dar ningún tipo de validez a las elecciones o determinar cuál de los dos candidatos favoritos merece la victoria.

    Almagro llegó aún más lejos que la misión llamando a nuevas elecciones. Hernández, oficialmente reelecto ganador, rechazó la propuesta dejando claro que unas próximas elecciones tendrán lugar en cuatro años. 



    Rápidamente naciones importantes como México,  Guatemala y Costa Rica reconocieron la victoria de Hernández y en Washington también se reconocerá proximamente. Consideraciones geopolíticas, ideológicas y hasta personales, fueron factores contribuyentes en el indeciso y lamentable resultado.

     El candidato de la oposición, Salvador Nasralla, ha continuado sosteniendo que él ganó;  las protestas callejeras y la respuesta policial y militar siguen sacudiendo la capital y varias ciudades importantes.




  No hay verdaderos ganadores en esta confusión y confrontación. Hernández logró su objetivo de convertirse en el primer presidente de Honduras en ser reelecto, pero su mandato quedará permanentemente manchado por el informe de manipulación que dio la misión de la OEA. Los Estados Unidos pueden sentirse satisfechos ya que Hernández es cercano al  general Kelly a quien conoció cuando era jefe de SouthCom, además de ser partidario incondicional de la guerra contra las drogas de Kelly en Centroamérica.

     Washington también evitó el triunfo de Nazralla, quien está estrechamente relacionado con Manuel Zelaya, a su vez alineado con Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador y Bolivia (Los llamados Países del ALBA) Pero estas relativas victorias americanas llegan con un alto costo: desacreditar al secretario general Almagro que ha desempeñado un papel destacado en la promoción de la defensa de la democracia y los Derechos Humanos en Venezuela, siendo quizás el mayor ganador de todos. Su gobierno radical-populista puede cuestionar las elecciones de Hernández para los próximos cuatro años y continuar apoyando a sus adversarios. Esto debilitó a Almagro, su archienemigo, así como a todo el proceso de monitoreo electoral de la OEA. Con elecciones presidenciales altamente disputadas y  controvertidas, tal vez el próximo año en Venezuela no sea una ventaja menor para Nicolás Maduro.

 


   Pero si hay pocos verdaderos ganadores, ciertamente hay perdedores. Primero y más importante que ellos son la OEA y el sistema interamericano aludido al principio de este artículo.     Una vez más una violación a la democracia representativa ocurrió en América Latina, y a pesar de todas las herramientas disponibles y de el comienzo de una nueva era en las relaciones hemisféricas, una vez que esa Cuba irritante finalmente se eliminó, el resultado es triste.

     Una elección injusta y escasamente libre probablemente robada, o en el mejor de los casos suficientemente manipulada para hacer cualquier resultado poco confiable e inaceptable. 


        La Carta Democrática Interamericana no será invocada.

       El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos seguirá siendo reacio a abordar casos electorales. Y la misma OEA será incapaz de resolver una crisis regional como menor, y al mismo tiempo, tan emblemática como puede ser. 


                                                                   * Profesor global de la Universidad de Nueva York


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